El proceso de deterioro de los servicios públicos que observamos en los últimos años en otros sectores, así como su desmantelamiento en favor de intereses privados, se viene produciendo del mismo modo en el Instituto Nacional de Estadística.
Desde esta delegación de Sevilla se lleva a cabo una parte de la recogida de los importantes datos que custodia el organismo autónomo: Padrón, Censo Electoral, EPA, indicadores económicos, IPC, cifras sobre situación social, entre otros estudios necesarios para gestionar y comprender la sociedad en que vivimos.
Los empleados del INE llevan desempeñando eficazmente esa función pese a que se han visto afectados también por la estrategia neoliberal de recortes y deterioro de los servicios.
El personal laboral del INE -que es la gran mayoría del personal y la encargada de la recogida de datos- sufre una grave falta de reposición de efectivos. En esta delegación sevillana, por ejemplo, las jubilaciones o bajas de larga duración no se cubren y el trabajo es repartido entre los compañeros. Para ello el personal se distribuye a discreción de unos departamentos a otros, dejando sin cubrir parte del trabajo de algunos de los estudios. Ese trabajo finalmente es entregado a empresas privadas.
Es necesario explicar que los empleados del INE son, como indicamos, personal laboral, de nómina mileurista, que carece de la libertad de promoción o de traslado de otros sectores de la Administración. Y dado que el personal no se mueve, algunos compañeros llevan lustros manteniéndose en horarios de tarde sin posibilidad de conciliar su vida laboral. Si estas son las condiciones de unos empleados que son públicos, cabe preguntarse -de paso- cuáles serán las de los empleados que hacen este trabajo en las empresas subcontratadas.
A ello se une, para colmo, que en muchas ocasiones el trabajo sufre retrasos debido a que los programas informáticos y recursos con los que se trabajan no funcionan correctamente, ni se dedican esfuerzos a la formación de la plantilla.
Esta progresiva degradación tiene una contrapartida evidente en el aumento de los estudios estadísticos que el INE contrata a empresas privadas.
Es inquietante observar cómo se asienta en la normalidad que estos estudios, de tanta importancia para nuestra sociedad, puedan estar manejados por intereses particulares, en lugar de realizarse bajo la garantía estatal del secreto, de la imparcialidad y del beneficio de todos.
Y en especial resulta desalentador que desde la propia Administración se colabore en el desprestigio del trabajo público que los ciudadanos venimos sufriendo en los últimos años, fomentando la transformación de los sectores fundamentales de necesidad social -sanidad, educación, servicios sociales- en sectores de interés mercantil.
Por ello consideramos que se debe detener cuanto antes este proceso de deterioro del trabajo que desarrolla el INE, acometiendo la cobertura de las bajas producidas en los últimos años, paralizando las externalizaciones y devolviendo al Instituto el trabajo entregado a empresas ajenas. Esto es, dando la debida importancia a las tareas encargadas a este Organismo con la misma dignidad que ha demostrado en su historia. Y debemos exigirlo antes de que se normalice que nuestras cifras de empleo o de precios o electorales estén en manos de intereses privados.
