Nos encontramos hoy un comunicado del sindicato más representativo en la AGE "y con presencia creciente en el sector privado", esto es, el CSIF, en el que muestran su tajante oposición en cuanto a que la reforma de la Ley de Seguridad Social, a través de los últimos Presupuestos Generales, reconoce un derecho en las pensiones a las compañeras madres diferente a las que lo sean de un sólo hijo, entre otras desigualdades (cheque pensión, permisos por embarazo, conciliación).
Es tal su indignación que señala al Gobierno como culpable y se compromete a denunciarlo ante el Defensor del Pueblo.
Nos congratulamos de que los sindicatos mayoritarios se unan a la causa de la lucha por la igualdad y celebramos con agrado que sean tan reivindicativos contra el Gobierno.
Si bien, puntillosos y pesados como solemos ser, nos gustaría señalar algunos matices sobre este asunto.
En primer lugar, los datos del pasado año de nuestros
superiores de Eurostat indican que en promedio las mujeres europeas cobran el
16,4% menos que los hombres para el mismo trabajo.
Estas diferencias se ven también en los tipos de
trabajo, con las mujeres
insuficientemente representadas entre los directivos. También según nuestros compañeros estadísticos europeos, en la UE un tercio (33%) de los
directivos eran mujeres en 2013, comparado con su representación de dos
tercios de todos los empleados de administración de apoyo (67%) y de todos los
trabajadores en los servicios y de ventas (64%).
Si vamos a nuestro terruño y nos centramos en la AGE española, los datos no mejoran el panorama. Se añade además la situación de que en los diferentes sectores públicos esas discrepancias se señalan más significativamente, dado que son también empleados públicos los trabajadores de las Fuerzas Armadas , Policía y demás. Sin embargo es al contrario en los sectores sanitarios y educativos, donde la presencia femenina es superior. Podría hablarse, por tanto, de segregación en el sector público como añadido a las circunstancias anteriores.
Por otra parte, debemos recordar también que, aunque la cuestión de la desigualdad por el género estuviese superada, existirían aún muchos inconvenientes en la conciliación familiar, debido al retraso que hemos sufrido en materia de derechos laborales.
Observemos que el salario, el nuestro o el de cualquier trabajador, no incluye beneficios en los gastos cotidianos que supone el cuidado de hijos o de mayores o dependientes.
¿Qué parte del salario se lleva el gasto que supone enviar a los hijos a la guardería o al colegio o al instituto -no digamos en el caso de estudios superiores- y su cuidado cuando se trata de familias monoparentales o de parejas en las que ambos trabajan?
¿Qué parte de nuestro sueldo supone realizar los tratamientos de salud de hijos o personas a cargo en una situación de progresiva mengua de atenciones y personal sanitario?
¿Qué persona cabal es capaz, por último, de asumir la responsabilidad de ser padre/madre en una situación de precariedad laboral, con la permanente amenaza de la temporalidad, de la disponibilidad geográfica e incluso del paro o del desahucio?
Es por esto que desde nuestro modesta agrupación sindical aplaudimos a los sindicatos mayoritarios a que perseveren en esta versión reivindicativa que nos ofrecen acerca de esta discriminación en particular de las funcionarias con un hijo y les animamos a que la extiendan y propaguen la lucha al extensísimo campo de derechos laborales y sociales perdidos y a los que nos quedan por reivindicar, tanto de las mujeres que quieren ser madres como de las que no, tanto de las familias con uno como las de más hijos, pues los derechos no se negocian.
